El Gobierno acordó combatir el contrabando en plataformas digitales, pero las chinas brillaron por su ausencia

El Gobierno nacional avanzó en un esquema de control sobre la comercialización de productos ilegales en internet, con compromisos de intercambio de información, revisión de publicaciones y eventuales sanciones para quienes operen fuera de las normas. El acuerdo, impulsado junto con representantes de la industria y el comercio, incluye a Mercado Libre y Meta, pero dejó fuera de la negociación a las plataformas chinas TikTok, Temu y Shein, que no enviaron representantes al encuentro. La iniciativa busca frenar el contrabando, reducir la competencia desleal y evitar la evasión impositiva asociada a la venta de mercadería de origen irregular.

El entendimiento se formalizó en la sede de la Secretaría de Industria, Comercio y PyME, dependiente del Ministerio de Economía. La reunión fue encabezada por el secretario coordinador de Producción, Pablo Lavigne, y reunió a funcionarios nacionales, cámaras empresariales y representantes de compañías vinculadas al comercio electrónico.

“Estoy muy contento y agradecido con todos los que están acá; es una problemática que veníamos abordando todos y era una preocupación compartida. Rápidamente encontramos un mecanismo para trabajarlo”, afirmó Lavigne durante el encuentro.

Los convenios marco fueron suscriptos con la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara de Importadores (CIRA), la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y la Unión Industrial Argentina (UIA).

Además, se firmaron acuerdos específicos con Mercado Libre, Meta —por sus espacios comerciales en Facebook e Instagram—, Frávega y Cetrogar. La ausencia de representantes de TikTok, Temu y Shein marcó una diferencia entre las empresas alcanzadas por el entendimiento y otras plataformas de alcance internacional que también operan en el mercado argentino.

El mecanismo acordado prevé que las plataformas aporten información sobre los principales vendedores de productos pertenecientes a rubros considerados sensibles. Esos datos serán analizados por el Estado nacional a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con el propósito de detectar inconsistencias y posibles irregularidades en la comercialización. Según informó la Secretaría de Industria, el objetivo es identificar ofertas de mercadería que haya ingresado al país de manera ilegal y facilitar las actuaciones correspondientes.

El comunicado oficial precisó que “Meta dará de baja los sitios denunciados en sus plataformas de Facebook e Instagram”. Aunque la comunicación mencionó expresamente a esa compañía, fuentes oficiales señalaron que Mercado Libre también avanzará con procedimientos similares. Ninguna de las dos empresas realizó comentarios al respecto.

Los compromisos también contemplan campañas informativas dirigidas a vendedores y proveedores para recordar las obligaciones vigentes, especialmente aquellas vinculadas con la procedencia de los productos comercializados.

Una fuente que participó de las conversaciones explicó que el convenio incorpora exigencias de seguimiento periódico. “El convenio te obliga a ser más estricto, presentación mensual, trimestralmente, relevar los que más venden, si tienen todas las declaraciones de Aduana”, indicó.

En una primera etapa, la vigilancia se concentrará en la venta de celulares, juguetes, cosméticos, neumáticos y notebooks. Sin embargo, el problema también alcanza a otros sectores, como el calzado, los textiles, la indumentaria, los cigarrillos y los agroquímicos.

El procedimiento puede terminar con el retiro de productos

Cuando se detecten indicios que lo justifiquen, las autoridades podrán recurrir al Protocolo de Vigilancia de Mercado, establecido mediante la Resolución 56/2026. Ese instrumento apunta a verificar que los bienes y servicios ofrecidos en el país respeten las exigencias de seguridad, calidad e información aplicables. Las actuaciones podrán derivar en la interrupción de las ventas, el retiro de artículos del mercado y, si corresponde, la intervención de la Justicia.

La medida representa un endurecimiento de los controles sobre el comercio digital luego de una etapa en la que el Gobierno promovió la apertura comercial y la flexibilización de regulaciones. Los fabricantes venían reclamando acciones contra las ventas irregulares desde hacía más de un año, al advertir que los productos comercializados fuera de las normas dificultaban la competencia con las empresas que cumplen sus obligaciones fiscales y regulatorias.

Las plataformas habían manifestado reparos ante la posibilidad de sumar controles a las publicaciones. El acuerdo se alcanzó también en un contexto de presión legislativa para establecer reglas más precisas sobre las operaciones de comercio electrónico. En enero, el exdirector de Aduana Guillermo Michel presentó un proyecto para actualizar el marco regulatorio, incorporar controles sobre los sitios de venta y reforzar la trazabilidad de los bienes, particularmente los importados.

La UIA y el Gobierno prevén desarrollar un plan de trabajo semestral, con revisiones trimestrales e informes agregados sobre el avance de las denuncias y las acciones implementadas. El presidente de la entidad fabril, Martín Rappallini, defendió la iniciativa y vinculó la comercialización ilegal con sus consecuencias sobre el empleo, la recaudación y la seguridad de los consumidores. “El comercio ilegal destruye empleo formal, evade impuestos y pone en riesgo a los consumidores. La industria, que cumple con todas las normas, no puede competir con productos que ingresan o se venden por fuera de la ley”, sostuvo. De acuerdo con estimaciones de la central industrial, el comercio ilícito equivale aproximadamente al 5% del producto bruto interno y provoca una pérdida fiscal calculada en US$ 2.300 millones anuales. Además, una encuesta de la entidad indica que seis de cada diez empresas industriales sufren los efectos de la competencia desleal y que cuatro de cada diez enfrentan competencia ilegal mediante plataformas, redes sociales y marketplaces.

En el sector electrónico, la preocupación se concentra especialmente en los teléfonos móviles. Afarte estima que el contrabando ya afecta al 50% de las ventas de celulares durante 2026. La directora ejecutiva de Afarte, Ana Vainman, celebró la firma del entendimiento y destacó su potencial para avanzar sobre el problema. “Celebramos que finalmente hayamos podido suscribir este convenio, que es un gran punto de partida para combatir la competencia desleal y el contrabando, que tanto afectan a la industria”, expresó.

El alcance efectivo de la iniciativa dependerá de la implementación de los mecanismos de información y control acordados. Por ahora, el entendimiento incorpora a varias de las principales empresas y cámaras del sector, mientras que las plataformas chinas que también comercializan productos en el país permanecen fuera de esta instancia de cooperación.